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Miguel de la Madrid Hurtado


MIGUEL DE LA MADRID HURTADO

1982

Un comienzo en el fondo de la crisis.

Para comprender el mérito histórico de la gestión de Miguel de la Madrid y la notable recuperación nacional es preciso ubicar el entorno en el momento del inicio del gobierno 1982-1988. Esta es una relación somera pero precisa de las dimensiones de la problemática de México en 1982.

El 7 de diciembre de 1982, una semana después de haber tomado posesión como Presidente de la República, Miguel de la Madrid aseguraba a los diputados que el país se encontraba ante “una crisis de dimensiones sin precedentes desde la gran depresión de los años treinta”. La crisis había llegado al conjunto de las estructuras sociales, económicas, ideológicas e incluso políticas de la nación.

En su mensaje inaugural, el presidente De la Madrid hizo un balance de la situación general del país y de la crisis económica en particular. A partir de ese balance, y del documento titulado “ Criterios generales de política económica” , pudo trazarse un perfil del estado de la economía mexicana al finalizar el sexenio anterior, 1976- 1982, del licenciado José López Portillo. En él se mencionaba la expropiación de la Banca, la fuga del capital, la parálisis de la inversión, el derrumbe del tipo de cambio y las cuentas congeladas.

El resultado de dicho perfil mostraría, sin necesidad de mayores comentarios, la gravedad de los problemas a que habría de hacer frente el nuevo gobierno.

La inflación había llegado a las proximidades del 100 por ciento, lo cual llamaba la atención no sólo por el nivel alcanzado sino por el enorme riesgo de su aceleramiento. Es difícil pasar de una inflación del 15 al 30 por ciento, menos difícil que ello suceda del 30 al 60 por ciento, pero es excesivamente fácil pasar de una inflación del 100 por ciento – como fue la nuestra el año pasado – al 200, al 300 e incluso al 500 por ciento.

El déficit del sector público había alcanzado niveles sin precedentes y desmesurados, el servicio de la deuda externa ascendía a los 10 mil millones de dólares (mMd) anuales. La deuda externa per cápita de ese año era de 841 dólares, sin considerar la generación mensual de intereses sobre de los intereses.

Por segundo año su monto era superior al 15 por ciento del PIB y mayor al de la inversión pública, lo cual significaba que nos habíamos endeudado no sólo para cubrir la inversión sino para financiar el gasto corriente.


No había ahorro público, México se sumergía en la crisis económica más dura de su historia, debido a la enorme carga de la deuda externa – que llegó a absorber casi la tercera parte del gasto público -, aunado a la exigüidad de la recaudación, al derroche, al desperdicio, a la falta de programación, al rezago de los ingresos no petroleros así como la situación financiera precaria de las empresas paraestatales. Todo esto heredado del gobierno de López Portillo.

La mayoría de las paraestatales no sólo registraban déficits permanentes sino que se encontraban en franca situación de quiebra reduciéndose de 1155 a 413 principalmente por los rezagos en sus precios y tarifas. Este rezago, además, encubría ineficiencias y subsidiaba a grupos de altos ingresos.

El crecimiento económico era nulo, y en diversos sectores de la producción se había detenido. En 1982 el PIB registró un descenso del 0.6 por ciento, un año después el decrecimiento fue del 4.16 por ciento, prácticamente dos puntos porcentuales más de lo que se había previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya había contemplado un decrecimiento de entre dos y cuatro puntos para 1983.

En el sector agropecuario México tendría que importar en 1982 más de 7 millones de toneladas de alimentos. En el sector industrial, un número importante de empresas no podían continuar operando por carecer de capital de trabajo y de divisas para importar insumos indispensables, así como los crecientes endeudamientos y la inevitable devaluación del peso. Incluso el ritmo de actividad del sector público había disminuido a lo largo del año.

Dos semanas después de las elecciones presidenciales de julio de 1982, en las que resultara vencedor Miguel de la Madrid, comenzó el cataclismo. El Banco de México se retiraba del mercado, mientras que el todavía presidente López Portillo negaba que se tratase de una devaluación, literalmente expresó, “ no, esa palabra no” , y denominó a la situación como “depreciación”. La moneda con el paso de las horas perdía su valor. El dólar brincó de los 28 a los 49 pesos en menos de 48 horas.

La situación se agudizaría en septiembre. A tan sólo 3 meses de dejar el poder el presidente López Portillo nacionalizaba la Banca durante su último Informe de Gobierno.

De la Madrid recibió una economía en ruinas, con un poder adquisitivo hecho pedazos, con corrupción y la constante amenaza del estallido social; nuevamente volvía a hablarse, como en 1976, de un posible golpe de Estado.

Por otro lado el valor de las exportaciones de productos petroleros se redujo entre los años de 1982 y 1986 en 10 200 millones de dólares, pasando de casi 16 500 millones de dólares en el primer año, a sólo 6 300 millones de dólares en 1986, siendo este año el que registrara la mayor caída, 8 500 millones de dólares. el precio de venta de los crudos mexicanos, pasó de 29.24 dólares por barril (d/b) en 1982 a 24.02 (d/b) en 1985 y 11.84 (d/b) en 1986.


La escasez de divisas se presentaba como un problema particularmente grave. Los factores más importantes de esa escasez era el descenso de los precios del petróleo en el mercado internacional, el estancamiento de las exportaciones no petroleras durante los últimos años, la falta de competitividad de la producción nacional, la elevada propensión a importar de los grupos sociales de más altos ingresos y el monto de sus inversiones en el extranjero, y la existencia de un patrón de sustitución de importaciones orientado en forma importante hacia los bienes de consumo duradero, con un alto contenido de insumos importados.

Además pesaba sobre México un desprestigio en el exterior, que era sumamente preocupante, debido entre otras cosas a la devaluación abrupta del peso, que forzó al gobierno mexicano a una situación límite ante la comunidad financiera internacional que anunciaba el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog el 20 de agosto de 1982: el gobierno mexicano no tiene las condiciones para cubrir el servicio completo de la deuda externa, debido al aumento súbito de las tasas de interés y por la enorme fuga de capitales privados de México. La consecuencia más inmediata resultó en una reducción drástica del crédito externo.

La escasez de divisas era más grave porque el país tenía la deuda externa más alta del mundo, cuyo servicio imponía una carga excesiva al presupuesto y a la balanza de pagos, además de desplazar recursos de la inversión productiva y de los gastos sociales.

La recaudación fiscal se había debilitado acentuando su inequidad. Esta situación se explica, principalmente, por el alto grado de evasión, por el relajamiento de los esfuerzos recaudatorios, por los sacrificios fiscales y por los aumentos de los subsidios como compensación de las presiones inflacionarias.

El sector privado también carecía de ahorro suficiente y, por lo tanto, su inversión productiva se había detenido.

Sobre esta situación interna operaron, agravándola y hundiéndola en la crisis, los cambios bruscos del contexto internacional, como detonadores, no como causa de la crisis: caída de los precios del petróleo, tendencia alcista de las tasas de interés y el estrechamiento del financiamiento.


Todos estos factores acumulados dieron lugar a dos consecuencias sociales igualmente intolerables: amenazas contra la planta productiva y el empleo, y la persistencia de la desigualdad económica y social. Al empezar el actual gobierno federal, el país se enfrentaba al más alto desempleo abierto de los últimos años, cuya tasa se había duplicado.

A ello había que añadir los 600 mil mexicanos que demandarían empleo en el curso de este año. El 8 por ciento de los mexicanos en edad de trabajar no tenías donde hacerlo. Estaba lejos de ser resuelto el problema crucial de las diversas formas de desigualdad social que han caracterizado a nuestro país desde sus mismos orígenes, manifestada en los índices de distribución del ingreso y de la riqueza, en los niveles de insatisfacción de las necesidades básicas, en los desequilibrios entre el campo y la ciudad, en la concentración geográfica de la población y de la actividad productiva.

Como era de esperarse, la crisis económica produjo efectos en la conciencia de los mexicanos y en sus relaciones sociales. Se manifestó, principalmente, en expresiones de desconfianza y pesimismo en las capacidades del país para solventar sus

requerimientos inmediatos, en el surgimiento de la discordia entre las clases y los grupos sociales, en la enconada búsqueda de culpables, en recíprocas y crecientes recriminaciones, en sentimientos de abandono, desánimo y exacerbación de egoísmos individuales o sectarios.

Todo conspiraba contra la solidaridad social, indispensable para la vida en común y para el esfuerzo colectivo que exigía la nación entera, sin distingos de pertenencia social, militancia partidaria y afiliación ideológica.

La crisis económica y el desquiciamiento de los valores sociales fundamentales daban lugar a dos peligros políticos mayores: el desgobierno y el oportunismo. Se había difundido un clima propicio para que los enemigos del sistema aprovecharan la inquietud generalizada para condenar indiscriminadamente a las instituciones nacionales y para fomentar dudas sobre nuestro rumbo histórico.

La situación del país, en noviembre de 1981 era intolerable no sólo porque estaba en entredicho la continuidad del proceso de desarrollo y se cuestionaban las bases mismas en que sustentaba sino, sobre todo, porque si continuábamos por el camino seguido, podría verse comprometida la viabilidad de México como nación independiente.

No obstante, el país no partiría de cero. Disponíamos, incluso en la gravedad de la crisis, de un patrimonio colectivo: extensa infraestructura, importante planta industrial, la cuarta reserva petrolera del mundo e instalaciones extractivas de primea magnitud, amplios recursos agropecuarios, forestales, pesqueros y mineros, gran potencial turístico, medios y vías de comunicación integrando al país, sistemas educativos, de salud y de seguridad sociales, cuadros administrativos y culturales, trabajadores responsables, diestros empresarios nacionalistas y un régimen de libertades cimentando un básico consenso popular y sobre todo la enorme responsabilidad del pueblo.

Así fue el terrible comienzo.